La Audiencia Provincial de Valladolid ha condenado a siete meses de prisión y una multa diaria para el gerente y el comercial de una asesoría por delitos de falsedad documental y tentativa de estafa procesal. Los hechos demostraron que ambos acusados falsificaron un contrato de servicios para demandar a una cliente, con quien inicialmente mantenían un acuerdo verbal para la gestión de declaraciones fiscales. Al firmar digitalmente el contrato sin consentimiento de la cliente, y al incluir tres firmas simuladas, los condenados intentaron inducir a error al tribunal en una reclamación de cantidad por incumplimiento.
Los magistrados determinaron que el comercial actuó con “conciencia y voluntad de alterar la realidad”, lo que le hace responsable de falsedad documental conforme a los artículos 392 y 248 del Código Penal. Por su parte, el gerente de la asesoría fue considerado también culpable al conocer la alteración de las firmas y presentar la demanda en la que reclamaban pagos derivados del contrato falsificado.
En abril de 2021, la cliente contactó con el comercial de la asesoría para gestionar el pago de sus impuestos como autónoma. Esta relación quedó establecida verbalmente sin que mediara contrato escrito alguno. Sin embargo, el comercial elaboró posteriormente un contrato fechado el 11 de abril de 2021 que incluía una cláusula de penalización, desconocida para la cliente, y un pago mensual de 38,72 euros. Además, el comercial insertó tres firmas digitales simuladas de la cliente, sin su conocimiento o consentimiento.
Este acto de falsificación, según el tribunal, pretendía hacer pasar el contrato como verdadero, con el fin de sustentar una demanda en la que la asesoría reclamaba 944,4 euros por el supuesto incumplimiento de la cliente. Este comportamiento está tipificado como falsedad documental, dado que se altera la realidad para obtener un beneficio económico indebido, y se agrava al emplearse en una acción judicial con intención de engañar.
La demanda presentada por la asesoría fue firmada por el gerente, quien, a sabiendas de la falsedad del contrato, promovió la acción judicial exigiendo a la cliente la mencionada cantidad de 944,4 euros. Al haber intentado usar el documento falsificado en sede judicial para respaldar su reclamación, el tribunal concluyó que este acto también constituye un intento de estafa procesal.
En este sentido, el tribunal explicó que la manipulación de la documentación resulta en un “engaño idóneo para producir error”, ya que el contrato, al regular las obligaciones entre las partes, tiene suficiente relevancia para influir en la convicción del juez. Aunque no se dictó una sentencia favorable en función del contrato falsificado, la tentativa de estafa procesal queda configurada al probarse el dolo y la intención de utilizar el documento para obtener un fallo económico favorable.
La sentencia enfatiza la existencia de dolo en la conducta de los acusados, ya que estos actuaron con pleno conocimiento y voluntad de falsificar el contrato. Ambos acusados buscaban obtener una ventaja patrimonial antijurídica mediante el engaño, elemento que caracteriza el ánimo de lucro en la tentativa de estafa procesal.
