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En el contexto del debate jurídico sobre la inmigración irregular en la Unión Europea, el Abogado General Richard de la Tour ha emitido conclusiones favorables a la Directiva 2002/90, reafirmando su validez y precisión en la tipificación legal tanto a nivel de la Unión como nacional. Esta directiva establece las condiciones bajo las cuales los Estados miembros deben sancionar a quienes faciliten intencionadamente la entrada irregular de nacionales de terceros países en su territorio, aunque contempla excepciones para actos realizados con fines humanitarios.
El Abogado General sostiene que la Directiva 2002/90 respeta los principios de legalidad y proporcionalidad en la tipificación de delitos y penas. Según la directiva, los jueces nacionales tienen la responsabilidad de asegurar que las sanciones impuestas a quienes actúan de manera altruista sean proporcionadas, especialmente cuando no están exentos de responsabilidad penal. Esta perspectiva asegura un equilibrio entre el control migratorio y la protección de los derechos fundamentales de las personas involucradas.
La directiva exige a los Estados miembros la imposición de sanciones adecuadas contra individuos que ayuden intencionalmente a extranjeros a entrar irregularmente. Sin embargo, permite que estos Estados no apliquen sanciones cuando la ayuda se realiza con fines humanitarios. Este matiz es crucial para no criminalizar actos de solidaridad o asistencia a personas en situaciones vulnerables.
Italia ha incorporado esta directiva en su legislación nacional, tipificando la ayuda a la entrada irregular independientemente de la intención de lucro. Las penas establecidas incluyen prisión de dos a seis años y multas de hasta 15,000 euros por persona afectada, pudiendo acumularse ambas sanciones. No obstante, el Tribunal de Bolonia enfrenta un caso concreto que cuestiona la proporcionalidad de estas medidas, argumentando que podrían vulnerar los derechos fundamentales al no distinguir adecuadamente entre motivos altruistas y delictivos.
En sus conclusiones, Richard de la Tour aclara que la directiva no contraviene el principio de legalidad establecido en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE. Subraya que la tipificación debe ser integrada por los Estados miembros en normativas nacionales que aseguren proporcionalidad y claridad, permitiendo a los jueces evaluar las circunstancias individuales para aplicar exenciones o reducciones de pena cuando corresponda.
Además, el Abogado General destaca que la directiva no viola el principio de proporcionalidad, ya que balancea la necesidad de controlar la inmigración irregular con la protección de las personas en situaciones de precariedad. Insiste en la importancia de que los jueces nacionales puedan diferenciar entre actos motivados por humanidad y aquellos con fines delictivos, asegurando así una aplicación justa y personalizada de la ley.
