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En una sesión celebrada el pasado 5 de noviembre de 2024, el Consejo de Ministros de España, conforme a los artículos 23 y 24 de la Ley 17/2015 de Protección Civil, ha declarado una zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil. La decisión, propuesta por el Ministro del Interior y otros ministros competentes, abarca las comunidades autónomas de Comunitat Valenciana, Castilla-La Mancha, Andalucía, Illes Balears, Cataluña y Aragón, afectadas por la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) ocurrida entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024.
Esta declaración permite la implementación de diversas medidas destinadas a mitigar los daños personales y materiales ocasionados por el fenómeno meteorológico. Según lo estipulado, las ayudas de la Administración General del Estado se otorgarán bajo el principio de solidaridad interterritorial y de manera subsidiaria, complementando las acciones de las administraciones públicas locales.
Las subvenciones previstas incluyen compensaciones por fallecimientos e incapacidades directamente causados por la DANA, daños en viviendas y enseres, gastos de emergencia de las corporaciones locales, y perjuicios a establecimientos industriales, mercantiles y de servicios. Además, se exime a estas ayudas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, facilitando el acceso a los beneficiarios afectados.
El Real Decreto 307/2005 regula estas ayudas, estableciendo procedimientos para su concesión y limitando las subvenciones a la diferencia entre el daño producido y otras ayudas compatibles. Asimismo, se excluyen ciertos gastos, como los realizados con medios propios de las entidades locales, incluyendo personal de bomberos y policía local.
Para coordinar las acciones de reconstrucción y reparación, se ha creado una Comisión Interministerial presidida por el titular del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, integrada por representantes de diversos ministerios clave. Esta comisión facilitará la coordinación entre las administraciones y asegurará una respuesta eficaz ante la emergencia.
Adicionalmente, se habilitan medidas de contratación urgente para acelerar la reparación de infraestructuras, así como el apoyo logístico y distribución alimentaria a través de entidades como Mercados Centrales de Abastecimiento, SA (MERCASA). La Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (AECID) también contribuirá con material de emergencias y ayuda humanitaria.
En el ámbito administrativo, se suspenden los términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de procedimientos administrativos en las áreas afectadas, salvo en ciertos casos específicos relacionados con la Seguridad Social.
Finalmente, las inversiones realizadas por las entidades locales para reparar los daños se consideran financieramente sostenibles y tendrán prioridad sobre otras inversiones similares. Este conjunto de medidas refleja el compromiso del Gobierno para afrontar de manera integral los efectos de la DANA, garantizando la protección y recuperación de las comunidades afectadas.
