Fraude en funeraria: cuatro personas encausadas. Falsedad documental y estafa

El Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia ha procesado a cuatro personas por su presunta implicación en una trama que operaba desde una empresa funeraria. Los encausados están acusados de estafa y falsedad documental, delitos que habrían cometido al lucrarse con cadáveres donados a la ciencia. Según el juez, existen indicios suficientes que justifican la apertura de un procedimiento abreviado contra dos empleados y dos responsables de la funeraria.

El juez ha dictado dos autos relacionados con esta trama. En el primero, los implicados habrían falsificado documentación relativa a un cadáver, mientras que el segundo caso afecta a otros siete cuerpos. Ambos procedimientos están centrados en prácticas fraudulentas que involucran la incineración de cadáveres y la emisión de facturas a universidades de forma ilícita.

Primer procedimiento: documento falso y lucro indebido

En la primera de las causas, los investigados presuntamente falsificaron un documento para acreditar que un ciudadano francés fallecido en diciembre de 2002 había donado su cuerpo a la ciencia. El cadáver fue trasladado desde el Hospital La Fe de Valencia a una universidad privada, y los encausados habrían manipulado la documentación para hacer constar erróneamente dicha donación.

Además, se utilizó un nombre falso para ocultar la identidad de uno de los empleados de la funeraria encargado de recoger los restos mortales. Según el auto judicial, la documentación manipulada fue entregada tanto al hospital como al Registro Civil con el fin de obtener un beneficio económico derivado de la gestión de servicios funerarios. En enero de 2023, la funeraria emitió una factura por 1.331 euros, aunque fue anulada en mayo del mismo año tras la detección de irregularidades.

Segundo procedimiento: fraude con siete fallecidos

La segunda causa judicial está relacionada con la incineración de siete cadáveres fallecidos entre octubre de 2020 y diciembre de 2022. Según el juez, existen dudas razonables sobre la autenticidad de los documentos que acreditaban la donación de estos cuerpos a la ciencia. Los investigados habrían incinerado varios cadáveres en un mismo féretro, pero facturaban a las universidades de manera individual, emitiendo un total de nueve facturas con importes que oscilaban entre los 1.331 y 1.784 euros.

El juez subraya que, en muchos de estos casos, no consta que las incineraciones se realizaran en ningún crematorio de Valencia. Además, se emitieron dos facturas a la Facultad de Medicina de una universidad pública por servicios funerarios que tampoco fueron realizados de manera legítima.

Implicaciones penales y próximo juicio

El procedimiento abreviado señalado por el magistrado concluye la fase de instrucción y da paso a que la Fiscalía y las acusaciones formulen sus escritos. Estos podrán solicitar la apertura de juicio oral o, si lo consideran oportuno, pedir el sobreseimiento de la causa. En función de los hechos investigados, los cuatro encausados se enfrentan a posibles penas de prisión por los delitos de falsedad documental y estafa.

El delito de falsedad documental está tipificado en los artículos 390 y siguientes del Código Penal, con penas de prisión de seis meses a tres años, dependiendo de la gravedad del hecho. En cuanto a la estafa, regulada en los artículos 248 y siguientes del mismo Código, las penas oscilan entre seis meses y tres años de prisión, pudiendo aumentar si se trata de un delito agravado por afectar a intereses públicos o utilizar métodos de especial sofisticación.

El juez ha subrayado en sus resoluciones la gravedad de los hechos, dado que el lucro indebido se produjo a costa de cadáveres donados a la ciencia, que si bien son considerados "objetos" a efectos legales, siguen siendo restos humanos. Este hecho agrava la conducta de los implicados, quienes habrían faltado al respeto debido hacia los cuerpos, así como a las instituciones afectadas, como las universidades perjudicadas.

Ambas resoluciones judiciales pueden ser recurridas en reforma ante el mismo juzgado o en apelación ante la Audiencia Provincial de Valencia. Dependiendo de la evolución del proceso y las pruebas presentadas durante el juicio, los implicados podrían enfrentarse a penas significativas, además de la obligación de indemnizar a las universidades y otras entidades afectadas por el fraude.