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El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido una sentencia que anula parte de la Ordenanza 10/2021 del Ayuntamiento de Madrid, que regula las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE). La decisión, emitida el 17 de septiembre de 2024, afecta principalmente a los preceptos que delimitan la ZBE de todo el municipio y las Zonas de Especial Protección en "Distrito Centro" y "Plaza Elíptica". No obstante, el resto de la normativa sigue vigente, incluyendo aquellos artículos que puedan aplicarse en el futuro.
El TSJM estima que la normativa se aprobó sin contar con un informe de impacto económico suficiente. Este documento, según la jurisprudencia del Tribunal Supremo, es crucial para evaluar las consecuencias económicas de las medidas medioambientales. La sentencia señala que no se realizó un análisis adecuado de los costos y beneficios de las medidas adoptadas, lo que impidió una ponderación proporcional de las políticas restrictivas.
El tribunal rechaza otras alegaciones presentadas por el grupo político VOX, que cuestionaban el procedimiento de aprobación, pero considera central la insuficiencia de los estudios previos a la aprobación de la Ordenanza.
El TSJM resalta que las restricciones impuestas por la Ordenanza afectan desproporcionadamente a los colectivos de menor capacidad económica, quienes tendrían más dificultades para renovar sus vehículos y cumplir con las exigencias ambientales. La sentencia recuerda que la Ley 7/2021 de Cambio Climático establece el principio de "transición justa", que requiere la implementación de planes y medidas para proteger a los grupos más vulnerables.
En este contexto, la Ordenanza carece de propuestas para mitigar el impacto negativo sobre los autónomos y pequeñas empresas, que dependen de vehículos para su actividad económica. El tribunal critica que no se valoró el impacto sobre estos sectores, lo que genera un desequilibrio en la aplicación de las medidas ambientales.
La sentencia también hace énfasis en la importancia de respetar el principio de proporcionalidad en la adopción de medidas restrictivas. El TSJM concluye que no se evaluaron adecuadamente las consecuencias económicas sobre una parte significativa de la población y sobre las pequeñas empresas, que podrían haber sufrido un daño considerable sin que se exploraran alternativas menos restrictivas.
El fallo destaca la importancia de un análisis económico adecuado en la implementación de políticas medioambientales, particularmente para evitar efectos desproporcionados sobre sectores vulnerables. El Ayuntamiento de Madrid tiene la opción de recurrir la decisión ante el Tribunal Supremo.
