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El Tribunal Supremo ha ratificado la legalidad de la intervención telefónica efectuada al móvil de la pareja de un presunto ladrón, al establecer que ambos compartían el uso del dispositivo. El caso se originó a partir de un robo en una joyería en Madrid en 2017, en el cual se sustrajeron 4.000 euros en efectivo y 2,5 millones de euros en joyas y relojes. Uno de los acusados fue condenado por robo con fuerza a casi cinco años de prisión.
En la sentencia revisada, se aborda el recurso de casación interpuesto por el principal acusado, condenado por robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal. Un argumento clave del recurso se basaba en la supuesta vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones, protegido por el artículo 18.3 de la Constitución Española. Ceferino (nombre ficticio del acusado) argumenta que la intervención telefónica no cumplió con los requisitos legales, ya que se realizó sobre el teléfono de su pareja, no sobre el suyo.
El recurrente sostiene que el Auto de intervención telefónica del 30 de noviembre de 2017 ordenó la observación de las comunicaciones a través de un teléfono identificado por su IMEI, atribuido incorrectamente a Ceferino. Según Ceferino, el IMEI pertenecía en realidad al teléfono de Sabina (nombre ficticio de la pareja), la principal usuaria de la línea intervenida. Alega que, antes de autorizar la intervención, el juez debió identificar correctamente la titularidad de la línea telefónica, lo que habría permitido constatar que Ceferino no era el usuario de la misma y, por tanto, denegar la intervención solicitada.
Ceferino también argumenta que, una vez iniciada la intervención y al comprobarse que Sabina era la única usuaria del teléfono, los agentes debieron informar al juez para que dejara sin efecto la intervención. Sin embargo, según el recurrente, esto no sucedió, y en su lugar, se solicitó la intervención de una nueva línea asociada a Ceferino, lo que, a juicio del acusado, evidencia la falta de precisión en la investigación inicial.
El Tribunal Supremo, al abordar este motivo del recurso, enfatiza que el derecho al secreto de las comunicaciones no es absoluto. La Constitución y varios tratados internacionales reconocen la posibilidad de limitar este derecho en casos justificados, como la prevención del delito y la protección de la seguridad pública. Estas limitaciones deben estar previstas por la ley y ser necesarias y proporcionales en relación con el fin perseguido.
En este contexto, el Tribunal analiza la necesidad de una motivación adecuada en las resoluciones judiciales que autorizan intervenciones telefónicas. Dichas resoluciones deben incluir todos los elementos necesarios para realizar un juicio de proporcionalidad y garantizar un control posterior efectivo. En el caso de Ceferino, el Auto de intervención telefónica se basó en indicios razonables de su participación en el robo. Aunque la observación de las comunicaciones reveló que Sabina era la usuaria principal del teléfono, también se constató que el terminal era utilizado ocasionalmente por Ceferino.
El Tribunal concluye que la intervención inicial estuvo justificada por los indicios que relacionaban a Ceferino con los hechos investigados. Además, destaca que hubo un control judicial adecuado y una revisión de la medida cuando se evidenció la dualidad de uso del teléfono. Así, la intervención telefónica y su continuación fueron consideradas legales y adecuadamente motivadas, cumpliendo con los requisitos de proporcionalidad y necesidad.
Por todo lo anterior, el Tribunal desestima el motivo del recurso relacionado con la presunta vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones. La intervención de la línea telefónica de Sabina se mantuvo válida, ya que existían indicios razonables que conectaban a Ceferino con el delito, y se respetaron los principios legales en la adopción de la medida.
