La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla ha emitido una sentencia condenatoria contra once individuos, incluidos un guardia civil y dos policías nacionales, implicados en un caso de tráfico de drogas. Estos fueron encontrados culpables de introducir en España 367 kilogramos de cocaína procedente de Colombia, oculta dentro de un contenedor que oficialmente transportaba piñas. La sentencia dicta que cada uno de los condenados deberá cumplir siete años y medio de prisión y pagar una multa de 45 millones de euros.
El caso se desentrañó gracias a una operación coordinada entre la Fiscalía Nacional de Colombia y la Audiencia Nacional, bajo los convenios de cooperación internacional existentes entre ambos países. La investigación comenzó tras detectarse un envío sospechoso de cocaína desde Colombia, lo cual llevó a una entrega vigilada que finalizó en el puerto de Málaga el 7 de septiembre de 2022. Aunque inicialmente no se encontraron evidencias de drogas en las cajas de piñas durante la inspección, una exploración más detallada con un escáner reveló la presencia de cocaína oculta en el suelo del contenedor.
Posteriormente, el contenedor fue transportado a una nave en Dos Hermanas, donde se realizaron maniobras de contravigilancia por parte de los ahora condenados, quienes se encargaron de supervisar y proteger el transporte hasta su destino final. Este seguimiento incluyó acciones como supervisar el tráfico, controlar vehículos y realizar maniobras evasivas para asegurar la llegada segura de la droga. Finalmente, la policía intervino en una nave en Carrión de los Céspedes donde se estaba descargando el contenedor, deteniendo a los implicados en el acto.
La cocaína incautada tenía una pureza media del 79.12% y su valor en el mercado ilegal se estimó en varios millones de euros, lo que subraya la gravedad del delito. La Audiencia destacó que el esquema de tráfico de drogas estaba bien organizado y que cada uno de los acusados estaba plenamente consciente de su rol en la operación, lo que descarta cualquier posibilidad de que su participación fuera secundaria o sin conocimiento de la naturaleza del cargamento.
Esta sentencia no solo subraya la severidad de los delitos de tráfico de drogas, especialmente cuando implican a funcionarios del orden público, sino también la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico. Además, resalta el riguroso trabajo de las autoridades judiciales y policiales en asegurar que todos los implicados fueran juzgados de manera justa y condenados conforme a su grado de participación en este delito.
