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El Tribunal Supremo ha absuelto a un abogado acusado de hacer declaraciones consideradas falsas por la parte contraria en un litigio, tras haber hablado con los medios de comunicación después de una audiencia en Torrevieja. Este fallo pone de relieve la primacía de la libertad de expresión sobre el derecho al honor en este contexto particular.
La controversia comenzó cuando el alcalde de Los Montesinos, Alicante, fue investigado por corrupción en 2015, basándose en acusaciones de un funcionario de urbanismo del ayuntamiento, quien posteriormente fue el objetivo de las declaraciones del abogado que criticaban su conducta profesional en varios ayuntamientos, sugiriendo un patrón de coacción y denuncias penales contra los alcaldes cuando no se cumplían sus demandas de modificaciones presupuestarias o incrementos salariales.
Este caso trata sobre la demanda de un empleado municipal contra el abogado de un alcalde, alegando una intromisión ilegítima en su derecho al honor debido a declaraciones hechas por el abogado tras una declaración judicial del alcalde. El abogado defendió que sus declaraciones estaban amparadas por la libertad de expresión, aludiendo a hechos ciertos y respaldados objetivamente, y alegó que su intención era desacreditar las acciones del demandante contra su cliente en un contexto de defensa legal.
El juzgado inicial y posteriormente la Audiencia Provincial desestimaron la demanda, considerando que las declaraciones del abogado se enmarcaban dentro del derecho a la libertad de expresión y formaban parte de la defensa de su cliente. Se argumentó que, dado que el demandante ocupaba un cargo público, estaba más expuesto a críticas, las cuales no fueron consideradas injuriosas.
El recurso por infracción procesal fue rechazado, fundamentándose en que la valoración de la prueba documental presentada debía considerarse en conjunto con otras pruebas y no se identificó un error patente en la apreciación de estas por parte de la Audiencia Provincial.
En cuanto al recurso de casación, se argumentó que se debía hacer una ponderación entre el derecho al honor y la libertad de expresión. La resolución de este recurso enfatizó la distinción entre libertad de expresión y libertad de información, indicando que las declaraciones del abogado se inscribían dentro de la primera y, por tanto, no estaban sujetas a un test de veracidad.
Se concluyó que, aunque el abogado no estaba ejerciendo el derecho de defensa en un tribunal de manera estricta al hacer las declaraciones, estas se hicieron en un contexto relacionado con la defensa de su cliente y no contenían expresiones ultrajantes, sino que buscaban cuestionar la credibilidad del demandante. Así, se desestimaron ambos recursos, reafirmando que no hubo intromisión ilegítima en el derecho al honor del empleado municipal.
