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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha establecido que la obligatoriedad de incluir dos impresiones dactilares en los documentos de identidad se alinea con los derechos fundamentales al respeto de la vida privada y a la protección de datos personales. Esta medida apunta a combatir la falsificación de documentos y la usurpación de identidades, así como a asegurar la interoperabilidad de los sistemas de verificación. Sin embargo, el Tribunal ha declarado la invalidez del Reglamento que introduce esta obligación debido a un fundamento jurídico inapropiado, aunque ha decidido mantener sus efectos hasta el 31 de diciembre de 2026 o hasta que entre en vigor un nuevo reglamento.
La situación emergió cuando un ciudadano alemán retó la decisión del Ayuntamiento de Wiesbaden de rehusar la emisión de un nuevo documento de identidad sin sus huellas dactilares. Al analizar la validez del Reglamento de la Unión que establece la necesidad de incorporar dichas impresiones en los documentos de identidad, el Tribunal reconoció que esta integración limita los derechos fundamentales concernientes al respeto de la privacidad y la protección de datos personales. No obstante, justificó su implementación por su valor en la lucha contra la criminalidad y el terrorismo, y por facilitar la libre circulación dentro de la Unión Europea.
El Tribunal señaló que, aunque la medida es válida por sí misma, el Reglamento fue adoptado basándose en una base jurídica incorrecta y, por ello, lo declaró inválido. A pesar de esto, optó por preservar sus efectos hasta la adopción de un nuevo reglamento con la base jurídica adecuada, con el fin de evitar impactos negativos en los ciudadanos de la Unión y su seguridad. Esta resolución subraya la importancia de equilibrar la protección de derechos fundamentales con la necesidad de medidas eficaces para garantizar la seguridad y la interoperabilidad dentro de la Unión Europea.
