El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de nueve meses de prisión a una mujer por intento de robo de dos chocolatinas y agresión a un vigilante en un supermercado de Valencia. Además de la condena de cárcel, la mujer debe pagar una multa de 180 euros por lesiones leves y compensar al vigilante con 150 euros, con la prohibición de entrar al supermercado por un año y nueve meses.
El incidente ocurrió el 23 de abril de 2018, cuando la mujer intentó sustraer las chocolatinas, escondiéndolas en su vestimenta.
El caso se inició tras la apertura de Diligencias Previas en un Juzgado de Instrucción de Valencia, centrado en acusaciones de intento de robo con violencia y lesiones leves. Los hechos ocurrieron cuando una persona intentó sustraer dos chocolatinas de un supermercado sin abonar su precio. Al ser descubierta, esta persona agredió al personal de seguridad, causándole lesiones leves. Como resultado, un Juzgado de lo Penal valenciano emitió una sentencia condenatoria, especificando una pena de prisión por el intento de robo con violencia y una multa por las lesiones, además de ordenar el pago de las costas procesales y una compensación a la víctima.
La persona condenada presentó una apelación contra esta decisión, que fue desestimada por la Audiencia Provincial de Valencia. No conforme con el veredicto, procedió a interponer un recurso de casación por infracción de ley, cuestionando la correcta aplicación de determinados artículos del Código Penal. A pesar de la oposición del Ministerio Fiscal, el Tribunal Supremo admitió el recurso para su consideración, dejando el caso en espera de una decisión final.
Los fundamentos jurídicos se basan en una interpretación rigurosa de las normativas penales y procesales, descartando la apelación de la persona acusada y sosteniendo la legitimidad del recurso de casación únicamente para cuestiones de infracción legal directa, excluyendo cualquier revisión sobre la apreciación de los hechos o la evidencia.
En el análisis de los fundamentos jurídicos, se examina minuciosamente el recurso presentado, concluyendo la inadecuación de varios argumentos propuestos, como la invocación de atenuantes por dilaciones indebidas y por anomalía psíquica, y se confirma la correcta calificación de los hechos como robo con violencia. Este análisis determina que la sentencia inicial fue aplicada correctamente sin que se evidencien errores en la interpretación de la ley que ameriten una modificación.
La decisión final rechaza el recurso de casación, manteniendo la sentencia original y adjudicando las costas del proceso a la persona recurrente. Esta conclusión resalta el detallado escrutinio legal llevado a cabo, reforzando los principios de justicia ejercidos a lo largo del caso.
