El Juzgado de Instrucción número 8 de Murcia ha ordenado continuar el procedimiento en un caso que implica a 18 individuos acusados de pertenecer a una organización criminal dedicada a la regularización irregular de inmigrantes, principalmente africanos y magrebíes, a través de falsos contratos de trabajo en empresas sin actividad real. Los inmigrantes pagaban aproximadamente 5.000 euros por permisos de residencia en España. La investigación, que se ha extendido por más de 60 solicitudes de permiso de residencia y cuenta con un extenso expediente digital judicial de más de 2000 eventos, ha sido posible gracias a una juez de refuerzo autorizada por la Unidad de Actuación en Causas Complejas del Consejo General del Poder Judicial.
Entre los principales implicados en el caso se encuentra el administrador de una asesoría, considerado el organizador de la trama, y uno de sus hijos, quien se encargaba de recibir el dinero de los inmigrantes y controlar el pago de cuotas y altas y bajas en la Seguridad Social. Además, están involucrados administradores de las empresas empleadoras, posiblemente testaferros, y ciudadanos extranjeros que han sido perjudicados por estos hechos. Los delitos que se les imputan incluyen contra los derechos de los trabajadores, pertenencia a organización criminal, falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil. Entre las pruebas recabadas se encuentran seguimientos policiales, intervenciones telefónicas, documentos relativos a contrataciones sospechosas y análisis de equipos informáticos.
Los delitos imputados a los investigados incluyen violación de los derechos de los trabajadores, pertenencia a organización criminal, falsedad documental, estafa, blanqueo de capitales y usurpación de estado civil. El juez ha decidido mantener las medidas cautelares existentes, como el bloqueo de cuentas bancarias, para asegurar que, en caso de una futura sentencia condenatoria, se pueda compensar a las víctimas con las cantidades que les fueron sustraídas. La resolución no es firme y cabe la posibilidad de presentar un recurso de reforma y/o apelación.
